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Patrimonio documental de las radiotelevisiones autonómicas

Al fin puedo sentarme a escribir tranquilamente una nueva entrada para éste blog. Lo de "tranquilamente", es un decir, porque el tema del que quiero hablar, toca un sector que por cercanía, me resulta especialmente sensible. Dadas las circunstancias actuales en las que nuestros gobernantes enarbolan las tijeras para recortar lo público, minimizándolo, en pos de resarcir la deuda y el déficit, las radiotelevisiones autonómicas al igual que otros sectores públicos, también deben ajustarse a nuevos "patrones". En éste punto, quiero centrarme en lo que a archivos audiovisuales y archivos sonoros se refiere. Ni qué decir tiene que los departamentos de Documentación de las radiotelevisiones autonómicas, parten de por sí, de una situación de falta de medios tecnológicos y personales. En radio, esta cuestión es todavía más acuciante. En el caso de la televisión, el software de tratamiento documental, suele formar parte o estar estrechamente vinculado con el sistema de gestión de ingestas y emisión. Además existen diferentes empresas que han desarrollado interfaces específicas de tratamiento documental de las imágenes. No es así en el caso de las radios que cuentan con archivo, donde cada "maestrillo" ha tenido que elaborar su forma de trabajar en función del sistema de emisión y medios disponibles, que generalmente, son pocos. Ésto último será un tema para un próximo post: la documentación en radio. Existen en la actualidad diferentes leyes que regulan el patrimonio documental que se genera en el Estado Español y en sus respectivas comunidades. En el caso de Balears, podemos mencionar la ley 15/2006 de 17 de octubre, de Archivos y de patrimonio documental de les Illes Balears, que regulan la conservación y gestión de los archivos pertenecientes a empresas que ofrecen servicio público, etc. También recoge, en el capítulo I, artículo 15, la casuística de la privatización de entidades públicas (buenos previsores, estos legisladores...) En ese sentido, está claro que la titularidad de los archivos, seguiría siendo pública. A raíz de la entrada en vigor la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, que es la Ley General de la Comunicación Audiovisual, cuya pretensión es flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos, y poder llegar a su privatización, ya sea total o parcialmente, lo que podemos resaltar de dicha modificación del sector audiovisual, es que se refiere a la posible privatización de la gestión del medio y a la producción audiovisual. Desde mi punto de vista, y declarándome reacia a las externalizaciones, podemos considerar que existe una parte de la Documentación Audiovisual o Sonora que puede entrar dentro del ámbito de la producción, pero existe un gran volumen que no sería propiamente para producción, sino que atendería más al deber de conservar y difundir el patrimonio de cada comunidad a través de testimonios, hechos que pertenecerán a la memoria colectiva y que actualmente, los medios de comunicación públicos y autonómicos, se encargan de recoger. En éste extremo, queda patente que la externalización de la Documentación querrá responder únicamente a la producción, no a lo siguiente, que podemos decir es también importante y relevante. Así estamos viviendo el desmantelamiento de un servicio de comunicación pública del que desconocemos cual será el objetivo final así como el resultado. En todo esto, son los archivos y por ende, el patrimonio documental de la Comunidad los que corren serio peligro. Podíamos ver en prensa, que se hacía eco el blog “Dokumentalistas” en éste post que en RTVV, la autonómica de Valencia, en su ere de 1354 personas, suprimían el departamento de documentación, pasando de 21 personas a 6, de las cuales 5 serán subcontratadas. Ni qué decir tiene, que con la consecuente mengua de sus condiciones laborales, que al final, es el resultado de realizar externalizaciones de servicios públicos: empeorar condiciones laborales y establecer brechas salariales entre contratados directamente y externalizados. También se persigue "reducir" coste. Lo que no se cuenta es que, en una externalización, la administración paga el servicio externalizado y además, alrededor de un 25 por ciento de beneficio industrial. En muchas ocasiones, con éstas fórmulas, se viven situaciones de prestamismo laboral, cesión ilegal de trabajadores, de las que existe jurisprudencia variada a favor de los denunciantes, los trabajadores.


La falta de visión es importante. Difícil es realizar el tratamiento técnico documental para responder a las necesidades profesionales de cada momento para cada ámbito de emisión (programas, informativos, deportes...) en lo que a producción se refiere, pero lo será aún más con menos recursos humanos. Lo más probable es que en la subcontrata, los profesionales no cuenten con el tiempo para realizar otro tipo de selección o tratamiento centrados en aspectos relativos a la conservación y difusión de la cultura propia de cada comunidad. Además, de sobra es conocido el fuerte impacto y relevancia que toman los archivos con iniciativas como Archive.org, la creación de la memoria del mundo, iniciativa de la UNESCO, o recursos como Europeana. Con esto quiero decir que es el momento de compartir la información digitalizada y tratada, es más que una necesidad para, entre otras cosas, aydudar a elaborar nuevos productos con menos recursos de pago. No olvidemos que las imágenes o el sonido grabados por nuestras radiotelevisiones públicas, nos pertenecen como ciudadanía, y por qué no, podríamos sacarle provecho. Como ejemplo, un botón: hace poco, la Televisión Australiana puso a disposición pública su archivo con licencia Creative Commons, para quien quisiera pudiera usar esas imágenes para lo que quisieran, respetando la licencia CC, claro está. Lo que queda patente es que lo Público está denostado. Han estado largo tiempo menospreciándolo e inflando su coste hasta que, con la excusa de la reducción del déficit, van a dejarlo prácticamente privatizado, desprovisto y minimizado. No esperábamos valores éticos por parte de las corporaciones, grandes empresas. En cambio sí lo hacíamos de la Administración, pero… ¿no es el momento? Quieren, además, disfrazar de nuevas oportunidades para los emprendedores, las privatizaciones, que no son sino para ir desmontando el Estado del Bienestar. Siendo realistas, las suspicacias que se generan al optar a los concursos de explotación de servicios públicos, prueban que no serán los emprendedores los que se lleven el gato al agua, sino el gran empresario que mejores contactos e influencias maneje.

 

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